Opinión

¿Es la crisis el único obstáculo de la Ley de Autonomía?

Por José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES

26/07/2012

Es de derecho reconocer que la ‘Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia’ creó una gran expectativa y sobretodo una enorme ilusión. Sin duda, supuso un gran avance en el modelo de bienestar del país y desde luego una excelente oportunidad para el colectivo de las personas con discapacidad y en particular, para las personas con enfermedad mental.

Sin embargo, tras estos seis años de desarrollo de la ley, hemos podido detectar múltiples carencias que han provocado que muchas de las personas que necesitan del amparo de esta norma no hayan podido acceder a ella. Por ello,  desde la Confederación FEAFES siempre hemos trabajado por hacer ver que el desarrollo reglamentario de la ley no reconoce muchas de las particularidades del trastorno mental, ya que, aunque existen indicadores necesarios para valorar la discapacidad provocada por la enfermedad mental, no hay personal especializado que sepa interpretarlos y aplicarlos. Es decir, existen los medios pero no existe la formación apropiada, que debería haber sido impartida por la Administración Pública, para poder aplicar adecuadamente los baremos.

La discapacidad generada por un problema de salud mental suele estar vinculada a la falta de iniciativa o voluntad suficiente para desarrollar determinadas actividades de la vida diaria, no tanto a la superación de esas barreras que se han venido en llamar “físicas”, las más tangibles. Por ello demandamos la especialización del personal que valora a personas con enfermedad mental. Es imprescindible que tengan un conocimiento específico que les permita saber determinar cuáles son las dificultades concretas de la persona a la que se evalúa.

Por otro lado, queremos llamar la atención también sobre el escaso desarrollo que ha tenido la parte de la Ley referida a la promoción de la autonomía de la persona con discapacidad. Hay que recordar que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los países firmantes, como es el caso de España, la promoción de la autonomía y el empoderamiento. Ahora, ante la situación de incertidumbre con esta Ley, tememos que se produzca un nuevo y duro revés a ambos conceptos.

En cuanto a lo económico se refiere, hay que hacer referencia a la importante desigualdad en la aplicación de la Ley en las Comunidades Autónomas frente a situaciones de dependencia similares, algo que hemos denunciado en numerosos foros.  Y es que la falta de cohesión y la diversidad de presupuestos ha producido 17 sistemas de aplicación diferentes y en muchas ocasiones ha dejado al descubierto casos en los que las situaciones personales de dependencia no se corresponden con los servicios y dispositivos a los que han accedido para recibir una atención adecuada a sus necesidades.

Además, creemos que las autonomías han infrautilizado los fondos que se han destinado al desarrollo de la Ley, ya que se ha abusado de las ayudas económicas y de la prestación económica a cuidadores informales en detrimento del desarrollo de servicios y dispositivos establecidos en el catálogo. Ahora que el gobierno ha establecido una reducción del 15% en esas ayudas es el momento de preguntarse: ¿se canalizará ese “ahorro”, como debería ser, hacia el desarrollo real del catálogo de recursos contemplado en la Ley?

Además, es necesario resaltar las dificultades para garantizar la calidad de la atención, puesto que las prestaciones económicas no aseguran este aspecto. Es decir, que el desarrollo de una norma como ésta y el hecho de destinar una partida presupuestaria para su implantación no ha conllevado hacer un buen uso de los medios que haya permitido, por ejemplo, desarrollar planes de formación básica de las personas que desempeñan funciones de atención y cuidado. Es momento de recordar que según datos de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, el 88% de la atención que reciben las personas con enfermedad mental proviene de sus familiares, es decir, de cuidadoras y cuidadores “informales”.

Nuestra preocupación es extrema, sinceramente esperamos que todos estos errores puedan corregirse en un periodo corto de tiempo y que una Ley que en su día nos puso a la altura de otros Estados europeos y que devolvió la esperanza y la ilusión a cientos de familias y de personas con discapacidad no se vea mermada en lo referente a su calidad y a su eficiencia.